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Ramón Jáuregui aconsejó ayer que la ley de banderas sea aplicada “con una cierta flexibilidad.” Añadió que conviene ser inteligentes y no hacer de la exhibición o no de las banderas un asunto fundamental. Más o menos, vino a decir lo mismo respecto al caso de la quema de fotografías de los monarcas por independentistas catalanes. La conclusión es bastante obvia: Jáuregui considera que lo inteligente es mirar para otro lado si empeñarse en el cumplimiento de la ley puede ocasionar un conflicto… político.

Los profesionales de la política hablan con gran desenvoltura del incumplimiento de las leyes si éstas molestan a algunos de los suyos. En el fondo hay en esto una solidaridad gremial no muy ajena ni alejada de la clásica entre los médicos o los abogados. El problema está en que los políticos ocupan cargos para hacer leyes y para hacer cumplirlas, y para nada más. Todo se reduce a esto en una democracia: o las leyes se cumplen, o no hay democracia, sino arbitrariedad e injusticia. Y qué pasa con las leyes que no se pueden hacer cumplir, pensarán los pusilánimes. Pues muy sencillo: se derogan o se cambian por leyes que sí estemos dispuestos a cumplir y hacer cumplir.

Lo que no se puede hacer nunca es mantener la vigencia puramente imaginaria de la legislación, porque eso es arbitrario, y la arbitrariedad jurídica de aplicar una ley o no en función de las circunstancias e intereses y personalidad del concernido es una conducta típica de las dictaduras y tiranías, pero incompatible con la democracia. La arbitrariedad jurídica es el principio según el cual si usted o yo insultamos a un guardia cometemos un delito, pero sólo es una opinión -libre, faltaba más- si se trata de un “político” quemando una fotografía del rey o un alcalde rehusando poner la bandera. La arbitrariedad jurídica, claro está, deja en nada la igualdad y la libertad.

Es cierto que en España hay una gran costumbre de tomarse las leyes por adornos que cualquier poderoso puede pasarse por el arco del triunfo -¡no se te ocurra hacerlo si eres un simple mortal!-, pero esa es una herencia indeseable de nuestro pasado de dictaduras, seudodemocracias oligárquicas, dolos judiciales y tiranías varias. Recientemente ha actualizado esta tradición antidemocrática el nefasto gobierno de Zapatero, con su Fiscal General al frente. Las razones por las que se pueden quemar retratos del Jefe del Estado o incumplir la ley de banderas son las mismas por las que Conde Pumpido se pasó por la entrepierna la Ley de Partidos. En una democracia exigente esto habría sido un verdadero escándalo, aquí es mero costumbrismo picaruelo.

No es banal que fuera Alfonso Guerra quien proclamó la supuesta muerte de Montesquieu, concretamente del principio esencial de la separación de poderes. Hay en la izquierda conservadora, sobre todo en la semiculta, un profundo desprecio por el principio de la autonomía del poder judicial y de la universalidad de las leyes (la igualdad ante la ley), y por eso algunos socialistas se extrañan de que alguien se moleste por el asunto de las banderas, las quemas de retratos reales y la insultante presencia de ANV en ayuntamientos vascos y navarros. Cosas de Montesquieu, en efecto: las leyes están para cumplirlas y, si no se puede o debe, para cambiarlas por leyes mejores, o por ninguna. Cosas viejas e ilustradas, como esta otra de Edmund Burke (considerado injustamente padre del pensamiento reaccionario, por cierto, por sus críticas a la revolución francesa) absolutamente esencial: que no hay gobierno más injusto que un gobierno débil.

Por ejemplo el que soportamos, chulesco y despectivo con todos los que no son socios suyos, perruno y sumiso con la gente de ERC, que algo tiene que ver con las guerras de banderas y la quema de fotos de los reyes. Un gobierno injusto, vaya. Por débil y arbitrario.

Carlos Martínez Gorriarán

FUENTE: Basta Ya

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