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Acaso los juristas españoles que se etiquetan a sí mismos como demócratas, negando implícitamente a los demás colegas tal consideración, sepan explicar por qué en la muy democrática República Francesa, nieta o bisnieta de la revolución de la igualdad, la libertad y la fraternidad, a los terroristas los empaquetan de por vida en el maco y tiran la llave mientras aquí los sacamos de paseo en cuanto que cumplen un tercio de la pena o se ponen en huelga de sopas y jamón york.

La perplejidad que a los profanos suscita esta diferencia aumenta cuando se considera que nuestros vecinos de arriba carecen de un terrorismo enquistado desde hace décadas en la médula social y política de su nación, aunque no faltará quien se atreva a sostener una relación de causa-efecto inversa, esto es, que la ausencia del problema pueda deberse a lo expeditivo de las soluciones. No creo yo que la cosa sea tan sencilla, pero es el caso que a los etarras que tenían en Cahors una academia casera de artillería se les puede caer el pelo en la cárcel si prospera la petición de ese fiscal quisquilloso que ha encontrado en el secuestro de una familia -para robarle el coche destinado a convertirse en receptáculo de una bomba- materia para solicitarles cadena perpetua, apoyado en el detalle de que entre los raptados había un menor y respaldado por la reciente «doctrina Sarkozy» de que a los terroristas se les ha terminado el derecho de acogida en suelo galo.

Bien cierto es que sus muy rigurosas leyes las ha aplicado Francia históricamente con un criterio de oportunidad política elástico como un acordeón, de tal manera que quienes ahora son reos de prisión vitalicia fueron durante largo tiempo considerados refugiados políticos, con el resultado de impunidad por todos conocido. Pero ahora ha cambiado el viento y la República les prepara hospedaje menos generoso en sus desacogedoras penitenciarías, al punto de que de seguir así las cosas no es improbable que algunos comandos prefieran el riesgo de ser detenidos en España, donde nos la cogemos con papel de fumar a la hora de aplicar castigos y dar el visto bueno a sus presuntas redenciones. Porque en territorio francés no sólo existe -y se aplica- la cadena perpetua, sino que el derecho de revisión o atenuación de la misma está directa y discrecionalmente vinculado al comportamiento del reo, lo que habría motivado que un Parot o un De Juana se pudrieran allí mediante el simple expediente de un escrito del juez de seguimiento, en el caso de que no les hubiesen mandado, a la primera chulería, a una lóbrega sucursal de la Isla del Diablo. Pocas bromas.

Quizá se trate, en el fondo, de que como nos llevan casi dos siglos de tradición democrática los gabachos hayan perdido ciertos complejos y se cabrean bastante cuando alguien atenta contra la seguridad nacional o contra la libertad de todos, en especial la de los niños y mujeres. El asunto de las penas tiene una discusión larga y prolija, pero necesaria. Porque si la justicia consiste en dar a cada uno lo suyo, son muchos los españoles que piensan que entre nosotros hay algunos que reciben bastante menos de lo que merecen.

Ignacio Camacho

FUENTE: ABC

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