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El Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña califica de «presos políticos», en un documento interno, a dos reclusos condenados por colaborar con la banda terrorista ETA. Así consta en un comunicado oficial del Area de Información y Seguridad de la Secretaría de Servicios Penitenciarios catalana, al que ha tenido acceso EL MUNDO.

El comunicado oficial fue remitido el pasado día 20 de agosto al Hospital Penitenciario de Terrassa, en el que dos días antes había dado a luz Laura Riera, condenada a nueve años de cárcel por colaborar con el comando Barcelona de ETA -que asesinó, entre otros políticos, a Ernest Lluch-, al igual que su compañero sentimental Diego Sánchez Burria. Ambos están ingresados en la cárcel de Can Brians, en Sant Esteve Sesrovires, desde abril, donde llevan meses recibiendo un trato preferencial, como han denunciado reiteradamente los funcionarios y este diario.

Uno de los casos más flagrantes que evidencian esta situación se produjo el pasado mes de agosto, cuando Riera fue trasladada al Hospital Penitenciario de Terrassa y se concedió un permiso extraordinario a Sánchez Burria para que pudiera acompañar a su pareja durante el parto. Finalmente, y con un fuerte dispositivo policial, la noche del día 18 la reclusa dio a luz junto a Sánchez Burria. Fuentes penitenciarias ya explicaron entonces que el permiso concendido al colaborador de ETA «no tenía precedentes».

Dos días después, el Area de Información y Seguridad de Servicios Penitenciarios, Rehabilitación y Justicia Juvenil de la Generalitat de Cataluña remitió un documento al centro hospitalario en el que se afirma: «Os comuncio que el martes 21 de agosto está prevista una concentración a las puertas del Hospital de Terrassa a las 14.30 horas en solidaridad con los presos políticos Diego Sánchez y Laura Riera, que han sido padres recientemente». El documento lleva como encabezamiento la frase «Comunicación concentración 21 de agosto» y, además del anagrama oficial de la Generalitat, está firmado por el citado departamento. Según la propia Consellería de Justicia, el Area de Información y Seguridad de Prisiones es el organismo que coordina el seguimiento y tratamiento de los aspectos vinculados a la seguridad y a la información en el entorno penitenciario» y mantiene contacto de forma habitual con los cuerpos policiales.

La concentración se llevó finalmente a cabo sin mayores incidentes, al igual que el parto de Riera, que se produjo la noche del sábado 18 de agosto. Un furgón de los Mossos d’Esquadra trasladó a Sánchez Burria al hospital, en el que se puso en marcha un dispositivo policial formado por una treintena de agentes fuertemente armados y protegidos con chalecos atibalas.

Fuentes penitenciarias ya explicaron en ese momento que se había producido un agravio comparativo al permitir a este recluso asistir al parto de su hijo, ya que los internos comunes reciben esta clase de permisos días después del nacimiento de sus hijos, por lo que en muchos casos ni siquiera llegan a visitar a las madres en el hospital. Además, según las mismas fuentes, los reclusos que no gozan de permisos por la gravedad del delito cometido ni siquiera solicitan esta clase de privilegios ante la certeza de una respuesta negativa.

Teniendo en cuenta el trato de favor que han recibido estos dos presos en los últimos meses, no debería extrañar excesivamente la polémica calificación de «presos políticos». A finales de abril, Diego Sánchez Burria fue trasladado desde la cárcel de Picassent, en Valencia, por los Mossos d’Esquadra. Laura Riera fue conducida desde la madrileña prisión de Soto del Real a Brians dos días después por la Guardia Civil. Antes incluso de ser clasificada en el centro penitenciario, esta joven mantuvo una comunicación con su compañero.

Tras este encuentro, siguieron diversos vis-à-vis. La propia directora de la cárcel, Silvia Serra, intercedió personalmente para que se llevaran a cabo estos encuentros. No fue ésta la única intervención de la directora, ya que firmó de su puño y letra un post-it enganchado a una carta enviada entre los dos presos en el que ordenaba que no se abriera su correspondencia, a pesar de que está establecido que los internos condenados por terrorismo han de tener intervenida la comunicación. A Sánchez Burria también se le aplicó régimen de vida ordinario en el centro, saltándose los pasos que establece la ley, puesto que estaba en primer grado cuando fue ingresado.

Después de que este diario informara de estas irregularidades, la dirección de la prisión empezó a elaborar un informe sobre las actividades de estos reclusos. Este trato de favor ha motivado constantes quejas de reclusos ordinarios y de los propios funcionarios.

Además de estos dos internos, en las cárceles catalanas cumplen condena los también colaboradores del de ETA Francesc Bárcena y Purificación Ródenas.

Sánchez Burria fue juzgado en octubre de 2003 junto a otros catalanes por su colaboración con ETA en relación al comando Barcelona, que dirigía Fernando García Jodrá en verano de 2001. Sánchez Burria, Zigor Larredonda y Laura Riera fueron condenados a nueve años de prisión, mientras que a Purificación Ródenas, Francesc Bárcena y Josep Tambleo se les impusieron penas de cinco años de cárcel. La desarticulación del comando se produjo en enero de 2001, cuando los terroristas ya habían matado al político socialista Ernest Lluch, al guardia urbano Juan Miguel Gervilla y a los concejales del PP Francisco Cano y José Luis Ruiz Casado.


Un inexplicable cambio de política penitenciaria

N. G.

BARCELONA.- La llegada de Pasqual Maragall a la presidencia de la Generalitat en 2003 fue aprovechada por el Gobierno central para llevar a cabo un cambio en la política penitenciaria de Cataluña -única comunidad autónoma que tiene transferidas las competencias en esta materia desde 1984-. A partir de 2005, las cárceles catalanas empezaron a acoger a reclusos terroristas para cumplir condena, lo que no había sucedido nunca durante el gobierno de Jordi Pujol.

En diciembre de 2005, el por entonces ‘conseller’ de Justicia de la Generalitat, Josep Maria Vallès, admitió que desde que se produjo el violento motín de Quatre Camins, en abril de 2004, se había acogido en las prisiones catalanas un total de 56 reos del Fichero de Internos de Especial Seguimiento (FIES), los considerados más peligrosos. Un mes antes, Purificación Ródenas -condenada por colaborar con ETA- ya había ingresado en Can Brians, aunque no se había informado de estas novedades ni siquiera a los trabajadores de las cárceles.

Los acuerdos entre ambas administraciones se sellaron en un encuentro entre expertos penitenciarios de la Generalitat y Prisiones de Madrid. Se reunieron en diversas ocasiones y consensuaron un documento fechado a principios de 2005.

Entre otros aspectos, acordaron trasladar a Cataluña reos incluidos en el FIES e intercambiar las informaciones de otros reclusos. Una de las conclusiones señalaba: «La Generalitat de Cataluña se muestra favorable a admitir en sus centros penitenciarios» a «internos ingresados» en el resto de España «por delitos relacionados con el terrorismo integrista». Y dicho y hecho, desde entonces han sido diversos los reclusos islamistas que han sido trasladados a cárceles catalanas. Eso sí, siempre en el máximo secretismo.

Además de estos internos, empezaron a llegar reclusos condenados por colaborar con la banda terrorista ETA.

Y hasta ahora, ya hay cuatro de estos presos en Can Brians y la Modelo.

Los sindicatos de prisiones UGT, CCOO y CSI-CSIF llevan meses reclamando formación específica ante la llegada de reclusos terroristas. De la administración no han recibido respuesta. De hecho, la Generalitat ha evitado pronunciarse respecto a su cambio de política penitenciaria en todo momento a pesar de que ha sido interpelada por la oposición en diversas ocasiones. Hasta la fecha, se trata de un cambio inexplicado e inexplicable.


SONRISA DE PRIVILEGIADOS.

Los presos de ETA Laura Riera, Fernando García Jodrá y Lierni Armendáriz bromean en una de las sesiones del juicio por el asesinato del edil del PP Francisco Cano. A la derecha, la instantánea que facilitaron las Fuerzas de Seguridad del Estado de Diego Sánchez Burria antes de su detención y cuando fue identificado como colaborador del comando Barcelona de la banda terrorista.

FUENTE: El Mundo

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