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La noticia de que Rosa Díez abandona el PSOE y su cargo de europarlamentaria para incorporarse a la propuesta de creación de un nuevo partido de la Plataforma Pro, lanzada por Basta Ya -con Fernando Savater, un servidor y muchos más, con un par de miles de registrados-, debería forzar un debate considerable sobre la situación de la democracia en España. Aunque sólo fuera por eso, la iniciativa ya habría merecido la pena.

La pregunta de fondo es si es necesario ahora, en España, fundar o no un nuevo partido político -me adelanto: fundar un partido es, en efecto, caro, difícil, ingrato, aventurado, contracorriente- dado que, según buena parte o quizás la mayoritaria de la opinión considerada experta -no siempre por razones muy sólidas-, todo partido nuevo es sospechoso, innecesario, gratuito u ¡oportunista!

En esa opinión vive refugiada el prejuicio de que el sistema actual de partidos es de sobra satisfactorio para cualquier votante decente. Lo que no deja de provocar cierta perplejidad: muchos de quienes dicen eso mismo no tienen el menor reparo en poner como no digan dueñas, que decían los clásicos, a los partidos realmente importantes, sean PSOE, PP o sus rivales-socios periféricos, mayormente nacionalistas (a saber CIU, PNV, ERC, BNG, IU, etcétera).

¿Por qué? La pregunta, por tanto, es ésta: ¿cómo es posible que los demás partidos, aparte del propio, sean traidores, gentuza o inútiles, y que sin embargo sean los únicos indispensables para el funcionamiento del sistema y no haya razón alguna para crear nuevos partidos? En otras palabras, ¿a quién molesta que uno o más partidos nuevos aumenten la oferta política presentada a los electores españoles, de manera que mejoren la representatividad y el debate político?

La expresión más rutinaria de este curioso prejuicio interesado es la de que un partido nuevo con apoyo social se limitaría a «robar votos» de los partidos ya existentes, básicamente del Partido Socialista y del Partido Popular. Pues dadas las líneas generales del nuevo partido en proceso de fundación, del que se sabe poco -natural, porque se está formando ahora mismo-, aunque sí que será un partido inequívocamente nacional con un programa de reformas que podrán votar personas con ideas integradas en el eje tradicional izquierda-derecha (que no es el único relevante, ni mucho menos), queda excluido que «robe votos» al PNV, CIU, IU y similares. Pero eso no es lo que inquieta a esa espesa franja tradicionalista que atraviesa izquierda y derecha: les preocupa el cambio, lo nuevo.

¿Están de acuerdo la mayoría de los ciudadanos españoles con un sistema de partidos improvisado hace treinta años, durante la transición, que instaura esa extravagancia denominada, irónicamente, «bipartidismo imperfecto»? He leído en un diario importante, escrito con gran aplomo y seguridad, que tal es el sistema decidido y apoyado por lo ciudadanos. Sistema consistente en que los grandes partidos nacionales deben, inevitablemente, pactar concesiones que afectan al bien común -libertades, igualdad, solidaridad-, con pequeños partidos separatistas que convierten el empobrecimiento de la democracia en su gran negocio político.

3 millones sobre 20

¿De verdad sostienen que los ciudadanos españoles apoyan mayoritariamente un sistema en el que dos o tres partidos, que apenas suman tres millones de votos entre todos, pueden imponer sus condiciones definitivas e irreversibles a los otros veinte millones o más que votan a los grandes partidos? ¿Sostienen que los ciudadanos estamos de acuerdo en perder nuestros derechos constitucionales cuando debemos trasladarnos a vivir a Cataluña, País Vasco o Galicia? ¿Se creen que los padres están de acuerdo en renunciar al derecho de sus hijos a ser educados en su lengua materna sólo porque así lo diga un Estatuto de autonomía a la medida de una pandilla de burócratas de las llamadas «políticas identitarias»? ¿Quieren hacernos creer que la ciudadanía está encantada con un sistema torticero, al servicio de los partidos y contrario a los votantes, que permite espectáculos tergiversadores del sentido del voto como el de Baleares? ¿Suponen que vamos a soportar los experimentos de funcionarios y políticos sin principios que negocian con ETA y terroristas semejantes, sólo para su mayor gloria y satisfacción si -imposible- sale bien? ¿Creen todo esto, o prefieren creerlo porque son parte del establishment fósil y momificado en que lleva tiempo convertido nuestro sistema parlamentario?

Las respuestas

Cuando se suscitan éstas y muchas otras preguntas, la respuesta es que todo esto -las alarmas y denuncias- ya lo proponen o bien el PP o, si no, el PSOE. Es un razonamiento tramposo. Para empezar, no basta con denunciar que todo va mal en los campos que más nos interesan: terrorismo, cohesión nacional, igualdad jurídica, solidaridad social, etcétera. La pregunta es muy clara: qué podemos hacer contra esta deriva calamitosa y perfectamente evitable impulsada, sin embargo, por los grandes partidos que se benefician de sus mezquinos beneficios.

Por supuesto, las responsabilidades son diferentes. El PSOE, con Rodríguez Zapatero y el apoyo sumiso de todo el partido, se ha embarcado en experimentos demenciales e insostenibles de centrifugación del Estado, guerracivilismo y disparatada negociación política con la banda ETA. Pero te queda el PP, te dicen: sí, un Partido Popular que disputa acumular más poder local a los nacionalistas en Valencia, Baleares o Andalucía -¿en Navarra?-, vaciando al Estado e instaurando un sistema clientelar y caciquil que nos retrotrae a los tiempos de Cánovas y Canalejas… Gran cosa: regionalitis aguda.

Los ciudadanos con ideas liberales, socialdemócratas y reformistas o de más difícil clasificación por su heterogeneidad, preocupados por el retroceso de la solidaridad y la cohesión nacional sin contaminaciones étnicas, indignados por el traspaso de su voto a pactos y acuerdos extravagantes sin su autorización expresa, alarmados por el retroceso institucional de las garantías debidas a la libertad personal (la mayoría, vaya), sencillamente están huérfanos de un partido político que se comprometa a defender esos fines y bienes políticos que no pertenecen a partidos de una determinada ideología, interés legítimo o preferencia cultural, sino sencillamente a ciudadanos corrientes y molientes, sean de izquierda o derecha y laicos o religiosos o de cualquier otra clasificación al uso.

Lo que está en riesgo en España es el sistema democrático; hay demasiadas instancias partidarias empeñadas en su despedazamiento en un conjunto de taifas, competencias, aparatos y demás creaciones mantenidas a costa de lo realmente importante, la igualdad y la mejora de la libertad comunes a todos.

Contra la regionalitis

¿Qué hay de malo en crear un partido como el de Plataforma Pro -con Rosa Díez, Fernando Savater y miles de españoles más- que se esfuerce por resolver el déficit de representación de millones de ciudadanos hartos de regionalitis, nacionalismo obligatorio, trapacerías de trastienda y chanchullos variados a costa de su voto?: nada. ¿Pueden perder PSOE o PP? ¿Y qué, si pierden? Los votos no son suyos, y les conviene un poco de competencia para hacerlo mejor. Quien ganará, si la sociedad apoya un partido nuevo con sus votos, es la democracia española. Todos los interesados en esta mejora deberían estar a favor.

Carlos Martínez Gorriarán

FUENTE: ABC.es

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