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Cuando Marcelino Oreja, en tiempos de la UCD, era delegado del Gobierno en el País Vasco, los nacionalistas llamaban «la embajada española» a su residencia oficial en Vitoria, ya por entonces uno de los pocos edificios oficiales de la comunidad donde ondeaba la bandera constitucional del Estado. La enseña ha sido siempre un elemento clave en la implacable ofensiva simbólica del nacionalismo, que la ha quitado allá donde la tolerancia o la pasividad se lo han ido permitiendo, hasta derogar por la vía de hecho el Artículo 4 de la Carta Magna. El éxito de la presión soberanista se basa en gran medida en su infatigable determinación en todos los terrenos del ámbito político y social, ocupando con eficacia cualquier espacio que les ceda la indiferencia o la duda de quienes no tienen el mismo vigor obsesivo.


Por eso es de temer que quede en nuevo papel mojado la sentencia del Supremo que recuerda la vigencia de la obligatoriedad de la bandera nacional -nacional de España- en unas dependencias autonómicas que, mal que les pese a sus ocupantes, representan al Estado, es decir, al conjunto de ciudadanos sean o no nacionalistas. De hecho ya es triste que al cabo de tres décadas haya de ser el Alto Tribunal el que venga a ocuparse de asuntos tan elementales, pero aún lo es más que la consciente minoría que sí se siente concernida por el aplastamiento progresivo de sus derechos se muestre escéptica por experiencia -ayer lo recordaba con lúcido pesimismo Edurne Uriarte- ante el cumplimiento de un veredicto que en cualquier otra parte del territorio español supone coercitiva perentoriedad jurídica. Simplemente, esa gente, los constitucionalistas vascos, sabe que en su tierra rige una suerte de impune estado de excepción inverso para quienes no comulgan con la imposición del régimen particularista.
 

Y lo peor es que hace tiempo que han desertado de la esperanza de ver protegida su libertad por un Gobierno central parapetado en la táctica del apaciguamiento, renuente al conflicto y displicente ante la expropiación de derechos de ciudadanía que sufre gran parte de los habitantes del País Vasco. Resulta significativo que la sentencia del Supremo derive de un recurso planteado durante el aznarismo contra la supresión de la bandera de la Academia de la Policía autonómica, donde se forman supuestamente agentes del orden al servicio del Estado y de sus garantías, aunque para el nacionalismo dominante ese cuerpo siempre haya constituido un importante factor de construcción identitaria. Para empezar, los instruyen directamente bajo un supuesto ilegal, al eliminar el emblema de la Constitución que deben defender. La cuestión sólo es baladí para quienes no sean conscientes de lo que significa el escenario inverso, es decir, la bandera autonómica como única insignia oficial.
 

La desconfianza y el escepticismo provienen de que ese recurso ahora fallado proviene de 2002, o sea, de otra glaciación política. Porque aunque el Estado que defendía su bandera sea el mismo que entonces, en la actualidad se trata de otro Gobierno. No es difícil captar el matiz de la diferencia.

Ignacio Camacho

FUENTE: Diario ABC

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