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En la última de las detalladas entregas sobre las negociaciones con el Gobierno y el PSOE, con las que ETA trata de crear a través de Gara una miserable coartada moral que justifique ante sus bases la reanudación de los atentados, queda patente hasta qué punto después de dos años de reuniones el nudo gordiano sigue siendo el de siempre: la pretensión de la banda de imponer a los habitantes del País Vasco y Navarra, y al conjunto de los españoles, sus exigencias sobre la territorialidad y la autodeterminación de la mítica y jamás existente Euskal Herria.

El tan macabro como tramposo silogismo de la banda es el siguiente: puesto que el Gobierno y ETA se comprometieron en julio de 2005 a aceptar el «acuerdo político» al que llegaran los partidos vascos en sus reuniones secretas y el PSOE rechazó en la última ronda negociadora de mayo de 2007 -es decir el mes pasado- una propuesta de Batasuna para la anexión de Navarra y la regulación del «derecho de los vascos a decidir libremente su futuro» dentro de la próxima legislatura, ETA «queda libre de los compromisos adquiridos en 2005».

La trampa de las dos mesas

O sea que cuando ETA hablaba de «acuerdo» quería decir «trágala»: que los partidos que representan al 85% de los vascos asumieran las tesis y el calendario del que representa al 15%. Obsérvese que, según se hace constar en lo publicado ayer en Gara, el PNV -partido mayoritario elección tras elección- «no ha sido invitado a esta ronda por entenderse que supone un obstáculo». ETA concibe, pues, la democracia como una forma de que la minoría se imponga a la mayoría. Igual que concibe el «alto el fuego permanente» como un entorno en el que caben la extorsión, la violencia callejera, el robo de pistolas y los atentados con víctimas mortales. Seguro que cuando ofreció en mayo «desactivar la lucha armada y desmantelar estructuras militares», a cambio de sus exigencias políticas, quería decir algo parecido.

Es evidente que ETA ha engañado al Gobierno al interpretar de forma mentirosa y artera las propias reglas del juego del proceso de negociación. Pero también hay que decir que el Gobierno ha hecho cuanto ha estado en su mano para ser engañado, en la medida en que desde el primer momento se prestó a servir de compañero de viaje de la banda, abriendo una negociación política en toda regla y ocultando a los españoles su verdadera naturaleza.

La principal aportación de la última entrega de Gara es, de hecho, la descripción de cómo en la semana entre el 14 y el 21 de mayo se celebraron en el mismo lugar reuniones alternas de la «mesa técnica» (Gobierno-ETA) y de la «mesa política» (PSOE-Batasuna), en presencia de mediadores y observadores internacionales. Aunque no precisa si eran incluso las mismas personas las que por la mañana se ponían la camiseta institucional y por la tarde la partidista, está claro que esta amalgama demuestra hasta qué punto la separación de uno y otro ámbito -planteada por Otegi en Anoeta- ha sido una burda farsa a la que se ha prestado a contribuir el Gobierno. Se trataba de un único proceso, no ya tutelado, sino protagonizado por las pistolas de una ETA que sólo se avino a delegar el cobro de sus exigencias en unos sicarios políticos que le sirvieran al Gobierno para cubrir las apariencias.

A pocos puede espantar ya una nueva constatación de la maldad de ETA. Lo que provoca una mezcla de estupor, preocupación y pesadumbre es la doblez con la que se ha comportado el Gobierno. No se trata de dar por buena la versión difundida por Gara, pero todos los detalles encajan con los hechos conocidos. Y en esa narración queda constancia de que ETA nunca tuvo la menor intención de abandonar las armas sin contraprestaciones políticas incompatibles con el Estado de Derecho y el orden constitucional. Y queda constancia también de que el Gobierno lo sabía.

Todos los mensajes transmitidos pues por Zapatero y su entorno en el sentido de que estábamos ante una oportunidad histórica porque ETA había decidido «dejarlo» como consecuencia de su debilidad y de que en ningún caso se iba a plantear precio político alguno, eran una falacia fruto en el mejor de los casos del autoengaño.

Zapatero sabía perfectamente que ETA ni siquiera aceptaba la secuencia de «primero la paz, luego la política». Pero su obsesión por pasar a la Historia como el pacificador providencial distinto a todos sus antecesores -de ahí el empeño en arrancarle a la banda el término «permanente» para que su tregua no fuera como las de Aznar o González- le llevó a cometer el garrafal error de ver y empeñarse en hacernos ver condiciones para el final dialogado del terrorismo, donde en modo alguno las había.

Apoyar y castigar al Gobierno

Es cierto que Zapatero no ha cedido a ninguna de las exigencias esenciales de ETA. La sociedad española no se lo habría permitido y queremos creer que sus convicciones tampoco. Pero sí que ha hecho concesiones parciales -algunas de ellas ya revertidas como las que se refieren a De Juana y Otegi-, entre las que sin duda hay que incluir la no impugnación del centenar de listas que ha llevado a ANV a los ayuntamientos. «El portavoz del Ejecutivo… se sorprende, o lo aparenta, de que ‘eso no le sea suficiente a ETA’», sostiene, para bochorno general, la narración de Gara.

Lo más grave no es en todo caso eso, sino la condición de interlocutor válido que a lo largo de decenas y decenas de reuniones formales, ante notarios y taquígrafos, se le ha concedido durante dos años a ETA-Batasuna. Es verdad que hasta el atentado de la T-4 la banda no había matado durante ese tiempo a nadie. Pero al margen de cual sea ahora su renovada capacidad operativa, es obvio que el conjunto de este injustificable proceso le ha dado un oxígeno político y una proyección dentro y fuera del País Vasco que en estos momentos potencian sus intenciones criminales y su capacidad de aterrorizarnos a todos. Es por eso que el actual Gobierno merece tanto el apoyo de todas las fuerzas políticas para volver a intentar derrotar a ETA, como el más severo castigo del electorado por haber contribuido a fortalecerla.

Editorial de EL MUNDO. Junio 25/2007

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