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En el próximo debate sobre el Estado de la Nación, al que Rajoy puede acudir con un brazo atado a la espalda por su discutible compromiso de no atizarle al Gobierno con la política antiterrorista, el líder de la oposición dispondrá de una ocasión impagable para preguntarle a Zapatero si piensa renovar su compromiso de no tratar de gobernar en el caso de que pierda las elecciones generales.

 

Se trata de una cuestión de máxima actualidad a la vista de los pactos de arrebatacapas con que se están amañando los gobiernos autonómicos y locales, y conviene que los españoles afronten el próximo curso electoral sabiendo con qué cartas va a jugarse su futuro. Ya que no existe por ahora voluntad de cambiar el marco legal de juego, es menester que se conozca si al menos los jugadores están dispuestos a respetarlo.
 

Hasta hoy, nunca se ha trasladado al plano nacional la siniestra dinámica de acuerdos poselectorales que amañan en los despachos los resultados de las urnas, pero la cuestión está sobre la mesa desde que el Partido Popular ganase por estrecho margen las municipales del 27-M. La alianza estratégica de Zapatero con los nacionalistas, y la dificultad de entendimiento entre éstos y el PP, ha convertido en plausible la hipótesis de un acuerdo a varias bandas contra la lista más votada, en el caso de que ésta resulte ser la encabezada por Mariano Rajoy. El precedente recientísimo de las Baleares y su pintoresco pentapartido de socialistas, republicanos, comunistas, ecologistas y nacionalistas isleños proyecta la sombra de un «Tinell» a escala de Estado, experiencia inédita que acaso tiente a un Gobierno aficionado a revisar los fundamentos del pacto constitucional del 78. La cuestión está ahí, candente ante la posibilidad creíble de un triunfo insuficiente del PP, y corresponde aclararla a quien desde el poder puede sentirse inclinado a cualquier maniobra que le ayude a conservarlo.
 

Por eso empieza a urgir un pronunciamiento explícito del presidente, similar al que con claridad y honradez formuló en 2003, y que no tuvo que cumplir porque el shock del 11-M le catapultó hacia la victoria. Zapatero tiene que decir, y decir pronto, si alberga o no la idea de tratar de gobernar contra una mayoría relativa de su adversario, y no vale escudarse en que no contempla la posibilidad de perder, porque ya ha perdido en mayo. Los ciudadanos queremos saber si sigue valiendo en 2007, o si seguirá en 2008, lo que valía en 2003. Es decir, si el poder ha cambiado o no las reglas morales de juego que el presidente se impuso a sí mismo cuando aún no lo era. El electorado tiene derecho a conocer si habrá segunda vuelta en los despachos de una disputa que se perfila muy reñida en las urnas. Y, visto que el debate de la nación se presenta a priori amputado de la vital polémica sobre el terrorismo, quizá sea una excelente oportunidad para sacar algo en claro al respecto. Rajoy debería ser el primer interesado en ello, pero si él no desea averiguarlo ha de saber que a los españoles sí nos interesa el destino que puedan correr nuestros votos antes de entregarlos a una subasta.

FUENTE: ABC

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