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Me pasó desapercibido este artículo de José María Ruiz Soroa, pero JL me llama la atención sobre su contenido, que alude a nuestro proyecto. Previene el autor, muy cuerdamente, contra la tentación arbitrista de proponer soluciones mágicas para problemas complejos. Y hace muy bien, aunque no menos mala es la asunción fatalista de que mejor es dejarlo como está, que todo puede empeorar.

 

El autor examina la idea de reformar la Ley Electoral para limitar el exceso de influencia nacionalista. Y advierte que, en realidad, la legislación vigente no privilegia a los partidos nacionalistas, sino que discrimina fuertemente a los partidos menores de ámbito nacional. A Izquierda Unida, en primer lugar. Los datos, en efecto, no pueden ser más elocuentes:

 

“tomando las elecciones de 2004, en las que el coste medio del escaño fue de 70.109 votos, observamos que al PSOE el escaño le costó 67.232 votos, al PP 65.996, a CIU 83.547, a ERC 81.524, al PNV 60.140, a Coalición Canaria 78.407, al Bloque Nacionalista Gallego 104.000, a Izquierda Unida 400.000 (¿¿) y a EA 80.905. De lo que se deducen varias cosas: primera, que el gran infrarrepresentado es IU y que los grandes beneficiarios son PP y PSOE; y segunda, que para los partidos nacionalistas en general no existe prima alguna, sino más bien lo contrario: los catalanes de CiU y ERC, los canarios de CC, los gallegos del BNG y los vascos de EA pagan por su escaño más que la media y más que los grandes partidos nacionales. Sólo el PNV es beneficiado neto del sistema, obteniendo aproximadamente un escaño más que lo que le correspondería según costes medios. Y si tomásemos cualquier convocatoria anterior, el resultado sería tan similar que no merece la pena analizarlas.”

 

Perfecto: los hechos son hechos, no opiniones. Ahora bien, reformar la ley electoral para rectificar el exceso de peso nacionalista no debería entenderse únicamente –suele ser así, y así lo entiende Ruiz Soroa- como un intento de desvalorizar el voto al nacionalismo: eso sería intolerable, en efecto y sin duda alguna. Pero hay una manera de conseguir el objetivo manteniendo el principio de que un voto al PP o al PSOE debe valer lo mismo –más o menos- que otro a CIU o al PNV. Parece sencillo: hay que dejar el sistema d’Hont, que penaliza el voto a partidos nacionales menores en beneficio de los dos grandes que, por ese mismo beneficio exagerado –bulimia, lo llama acertadamente RS-, se ven obligados, puesto que no quieren o pueden pactar entre sí, a negociar con partidos nacionalistas que venden muy caro su apoyo: supongo que esto último no es necesario documentarlo. Si no estoy equivocado, el nacionalismo sale beneficiado de ese peculiar modelo bipartidista –explicado ayer por Roberto L. Blanco Valdés– que produce la ley electoral.

 

Conclusión: se trata de reformar ese bipartidismo, de abrirlo para eludir la condena a pactar con nacionalistas a los que no importa nada el bien común ajeno a su tribu. Ciertamente, es la potencia de los nacionalismos étnicos la que desbarata el objetivo de conseguir parlamentos estables que busca el sistema d’Hont. Hay sin duda otros problemas, pero la importancia de éste parece innegable.

 

Bastaría con una reforma que igualara el esfuerzo que cualquier partido nacional necesita para obtener representación para cambiar ese bipartidismo desgraciado. Con un tercer partido representado en la misma proporción que los dos primeros –con el mismo esfuerzo electoral-, cualquiera de éstos podría formar mayorías parlamentarias y gobiernos de coalición con el tercero nacional, sin verse forzado a escoger siempre un socio nacionalista centrífugo. Con lo que se conseguiría el objetivo democrático que se busca, poner en su sitio al nacionalismo sin penalizar el voto nacionalista. Es decir, levantando la penalización del voto a un partido nacional que no sea PP o PSOE (o quienes pudieran sustituirles en el futuro). De eso se trata. Que no les interese a los partidos grandes es cosa que estaría muy bien aclarar.

CARLOS MARTÍNEZ GORRIARÁN. Blog de Carlos

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